Por Francisco Ramírez / La Nación / Martes 1 de noviembre de 2005

Asesinatos, agresiones, violencia verbal y sicológica, expulsión de trabajos y escuelas. Éstos son algunos “costos” que deben “pagar” quienes no viven de acuerdo con los cánones de la sexualidad establecida. Así lo corrobora el informe de derechos humanos 2005 del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS). A continuación, una muestra de la intolerancia nuestra de cada día.

El espacio público no es lugar seguro para gays, lesbianas, transexuales y transgéneros (travestis). Aunque el fantasma de la inseguridad ciudadana parece permear cada capa de la realidad, más aún en tiempo electoral, no es precisamente lo que atemoriza a aquellos sexualmente diferentes de la media. No: es el otro, el prójimo, quien se constituye en amenaza y fuente de peligro. Cada calle, rostro y mirada pueden ser sinónimo de violencia en ciudades en que, pese a algún avance en la aceptación de la diversidad, la homofobia, lesbofobia y transfobia siguen siendo resabios que se niegan a desaparecer.

El Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS) se creó en 1991. Instancia pionera en la lucha por los derechos de la población homosexual, ha conocido numerosos casos de discriminación. El año pasado presentó un primer compendio sobre tal situación. Recientemente dio a conocer su Informe de Derechos Humanos 2005 que incluye cerca de 40 atentados discriminatorios de acuerdo con 6 categorizaciones, reseñando también instancias para superar esta realidad. El documento es contingente al incluir denuncias realizadas hace sólo semanas al concluirse su redacción en el marco de la Semana del Orgullo Gay.

Son casos emblemáticos en una red mayor de intolerancia. Si bien algunos(as) afectados(as) revelan las vulneraciones que sufren, otros(as) mantienen su calvario en la oscuridad. Como lo indica el MUMS: “En la mayor cantidad de oportunidades (los casos) no han sido denunciados por temor a represalias que perjudiquen a la persona afectada en su ámbito más particular e íntimo”.

Así por ejemplo, los travestis que ejercen el comercio sexual en Providencia, sufren persecuciones y golpizas por parte de una “cruzada hitleriana” que actúa de modo violento pero organizado. La situación habría sido puesta en conocimiento de Carabineros, sin establecerse responsabilidades. Pero son los propios afectados quienes indican que han debido enfrentarse personalmente a la situación. Les atemoriza, apuntan, denunciarla en vista que en su contra atenta el artículo 373 del Código Penal que puede encarcelarles por infringir la “moral y las buenas costumbres”. Ante ello, optan por el silencio.

El MUMS igualmente acusa como ciertos medios de comunicación atentan contra quienes no practican la sexualidad común. “La televisión se ha encargado de fortalecer en la sociedad chilena la imagen de un gay mentiroso, banal, superficial, farandulero y excesivamente sexual. Si hacemos un recorrido por los canales y programas de la televisión nos encontraremos con personajes como Yerko Puchento, Cochiguaz o Tony Esbelt que sólo fortalecen los mecanismos de exclusión aplicados a los grupos homosexuales”.

Conozca cómo la intransigencia deja patente un país que está lejos de ser “tolerante” tal como muchos se ufanan al profesar un discurso -hay que subrayarlo- políticamente “correcto”.

Ultraviolento

Andrea Sánchez ejercía el comercio sexual en Calama. El 12 de noviembre de 2004 esta travesti accedió a prestar servicios por $ 2.000. El cliente la invitó a casa, pero sus intenciones no eran sexuales. “Fue allí y sin que mediara discusión alguna que el hombre tomó violentamente su cabeza y comenzó a golpearla contra la acera de la calle. Andrea cayó al suelo y ahí el hombre le dio patadas hasta causarle la muerte”, reseña el informe. El hecho fue denunciado en el tribunal de garantía de la ciudad. No obstante, el autor material, Víctor Vicencio Marín, salió en libertad bajo fianza de $ 500 mil.

P.O.A.M. sufrió en carne propia lo que puede acarrear ser lesbiana en Chile. El 12 de septiembre se retiraba del capitalino edificio Eurocentro con unos amigos gay. Sin embargo, “un grupo de sujetos identificados como skinhead se abalanzaron sobre ellos y comenzaron a golpearlos frente a la indolencia de los transeúntes”. Pese a huir, siguió siendo golpeada hasta con una botella plástica mientras un amigo recibía un profundo corte de navaja en una oreja.

Cecilia del Canto estuvo dos meses en coma en un hospital santiaguino. Ello luego de que unos hombres la atacaran, dejándola con traumatismo torácico y encéfalo craneal, además de una severa hemorragia. Tenía 25 años. Tras encontrarla a las dos semanas de estar sin identificación en la Posta Central, su familia interpuso una querella por homicidio frustrado. En esta se responsabiliza a personal de Gendarmería de la acción, por lo que se instruye un sumario interno. Cecilia es travesti.

“COMO HOMBRE”

Jaime Muñoz caminaba por avenida Santa María. A poco de las 2 de la madrugada del sábado 6 de agosto y como nunca le había pasado nada inusual, marchaba solo alejándose de la discoteca “Fausto”. De pronto, dos hombres le interceptaron, golpeándole pero sin robarle. Permaneció varios días con hemorragia ocular y fuertes dolores. “¡Párate, maricón, y pelea! ¡Pelea como hombre, maricón!”, fueron algunas frases que escuchó esa noche.

Felipe González es el único concejal travesti del país (Lampa) y fue elegido bajo el alero del Partido Humanista tras ser presidente de una junta de vecinos de su natal Batuco y desempeñarse como peluquero. Desde su infancia conoció la pobreza. Por ello y para ayudar a la gente de escasos recursos entró en la política. Sus primeros meses fueron tranquilos. Hasta que a mitad de año recibió un anónimo firmado por el autodenominado “Cuerpo de Venganza Política”. El tenor del escrito le mostró que la pista se ponía difícil: “A Concejal Felipe González: Maricón culiao, andai con maricones…vamos a ir a tu casa a matar a tu mamá y a ti si no dejái el municipio”. Poco después, su auto fue atentado por desconocidos.

El concejal denunció el caso en la Fiscalía de Colina, la que por una semana le asignó protección policial. “Sé que me atacan porque privilegio mi trabajo con la gente sobre la política”, indicó González a La Nación. “Muchos creen que pueden hacer lo que quieren con los homosexuales. Si quieren meterse conmigo, háganlo, pero dejen en paz a mi madre que no tiene nada que ver con esto”. El concejal vive con la mujer, enferma de cáncer terminal.LN