Orientación sexual, derechos e historia

* Por Emma de Ramón. Doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, activista LGTB / El Mostrador

Vale la pena, de vez en cuando – lo recomiendo con insistencia a nuestros políticos‑, releer algunos documentos fundantes de nuestra convivencia civil. Fiel a este principio, hace unos días retomé la lectura de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de la ONU de diciembre de 1948. Como se sabe, este documento fue la culminación de una serie de proclamas en torno a la igualdad que venían desarrollándose desde el inicio de las revoluciones burguesas de fines del siglo XVIII, y consecuencia directa de las persecuciones políticas y raciales ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial y de los movimientos sociales y corrientes socialistas presentes en Europa y en América desde mediados del siglo XIX en adelante. Así, frases como “el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”, dan cuenta del ambiente de esperanzas que los representantes ante la ONU tenían al momento de adoptarla.

Leída 63 años después de firmada, queda en evidencia la utopía de muchas de sus afirmaciones: aquella liberación del temor y la miseria no ha sido tal, como tampoco lo ha sido la ufana pretensión de los Estados que la suscribieron (entre los cuales estaba el nuestro), de asegurar “el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales” de las personas.

Aunque nuestra Constitución Política hizo suyo el primer artículo de la Declaración, indicando que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y reafirmó este principio en los párrafos siguientes con frases como “el Estado está al servicio de la persona humana… para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno… su mayor realización espiritual y material”, todos sabemos que aquello, en muchos sentidos, son palabras sin sustancia. Todavía más, nuestra Constitución agrega que el deber del Estado es “dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta” y, lo más sorprendente de todo, “promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. Desde mi perspectiva de víctima de la discriminación por orientación sexual, todas estas declaraciones no son otra cosa que palabras vacías.

Observemos el asunto con detención: en las sociedades tradicionales ‑es decir, aquellas plenamente vigentes en Occidente antes de la Revolución Francesa‑, el orden social se consideraba externo a las personas: era un orden jerárquico establecido por Dios (es decir, a-racional) y, por ende, natural. Los privilegios de unos frente a la subordinación de otros, se consideraba parte de un orden superior, inmanente e inmodificable.

En las sociedades modernas –es decir, aquellas establecidas en occidente después de la Revolución Francesa ‑, la racionalidad sustituyó al orden inmanente, es decir, la cultura a la naturaleza. Como, en teoría, la racionalidad es común a todas las personas, entonces esta facultad las iguala y las plantea equitativamente frente al contrato social que todos establecemos con el Estado. Por eso, esta declaración, como las anteriores, enfatiza los derechos de los ciudadanos como derechos universales e indivisibles. En una sola frase “todas las personas deben disfrutar de todos los derechos al mismo tiempo”. Porque la igualdad se relaciona con la justicia… toda persona es igualmente digna y, por tanto, debe tener los mismos derechos frente al Estado. Y ambas, igualdad y justicia, corren también en paralelo con la libertad, libertad que la Declaración describe en la frase “libertad de palabra” y “libertad de creencias” a que nos referíamos. Esto es, el derecho a tener por ciertas algunas cosas, como la fe religiosa, un sistema de valores, las interpretaciones que cada uno hace del mundo; es decir, creer en algo y expresarlo son los principios de la libertad, según la Declaración.

Palabras vacías, o parcialmente vacías… Cuando el senador Hernán Larraín sostiene públicamente que cada uno tiene derecho a vivir como quiera, todos nos maravillamos de lo que ha avanzado la UDI y la efectividad de la promesa de campaña de la coalición gobernante respecto a su disposición a revisar y legislar en la llamada “agenda valórica”. Sin embargo, el legislador no dice nada nuevo de lo que han manifestado los conservadores desde el caso Atala en adelante. Cito textualmente la parte de la resolución de la Corte Suprema chilena respecto al caso mencionado: “…tomar la decisión de explicitar su condición homosexual como puede hacerlo libremente toda persona en el ámbito de sus derechos personalísimos en el género sexual, sin merecer por ello reprobación o reproche jurídico alguno…” En otras palabras, lo que se haga en la esfera de la vida privada es un asunto personal, mismo argumento que hoy se desempolva a propósito de la ley de parejas: el senador y su partido reafirman el tema de la libertad de creencias o de conciencia que es lo mismo. Perogrullada, caro está ¿quién me va a impedir pensar como quiera y vivir como quiera?

Ni aún las más brutales dictaduras han podido impedir que alguien piense o crea lo que le venga en gana; han asesinado a los disidentes, muchas veces de maneras cruelísimas, pero nunca han logrado impedir que la gente crea lo que quiera. Lo mismo ha hecho la cultura occidental y los Estados en su nombre, desde que se tiene memoria con los homosexuales. Vejaciones de todo tipo, encarcelamientos, torturas, asesinatos. Porque lo que cualquier tirano puede impedir fácilmente ‑y aquí está el punto‑, es la expresión de las creencias. Así, la censura y la persecución a nuestro modo de vida se esconde detrás del chiste cruel y sistemático, de la mirada despectiva del vecino, de la restricción a la expresión del afecto en las disposiciones legales que sancionan las “ofensas” al pudor, moral y buenas costumbres (art. 373 del Código Civil), la persecución, el castigo (el despido del trabajo, la expulsión del liceo) y el homicidio que nunca se investiga porque, al fin y al cabo, bien muertos están por maricones. Es decir, la institucionalización soterrada o explícita de la discriminación hacia las personas que tenemos una orientación sexual distinta o una identidad de género distinta. La discriminación también se esconde detrás de la ley de parejas que defiende el parlamentario.

En este caso, la censura es menos burda y por eso se ve menos, tanto así que he escuchado apoyar la ley de parejas a muchos miembros de nuestra comunidad. En la mente de los legisladores se diseña una figura jurídica carente de valor institucional, un mero contrato entre privados –inspirado en los contratos de sociedades de responsabilidad limitada‑, que regula los intereses económicos de dos personas que viven juntas. Para legitimar la expresión del amor de una pareja conformada por personas del mismo sexo que garantice el respeto por cierto grupo de lesbianas y gays –los que deciden vivir en pareja‑, se pretende generar una institución especial. Es decir, señalar esa expresión como una forma de amor secundaria que no merece la categoría plena de familia tal como “la naturaleza” o Dios manda que sea una familia creyendo que esta organización social no es cultural, como lo es, sino natural. Con ello se niega el derecho humano fundamental de la igualdad y de paso, se consolida la discriminación, se restringe la libertad de expresión plena de esta forma de vivir (y de amar) y la protección que ésta demanda del Estado a pesar que homosexuales y lesbianas formamos parte integral de éste.

En otras palabras ‑sin pretender vulnerar los principios de ninguna tradición cultural o religiosa pues solo hablo desde la lógica racional que imponen a sus miembros los Estados Modernos‑, mientras no exista la voluntad de abrir el matrimonio a otras formas de familias que no sean las heterosexuales, no habrá respeto por la diversidad, no habrá libertad ni justicia y menos igualdad ante la ley, así de simple y de obvio. El Estado de Chile no cumple con la Declaración que firmó hace más de medio siglo.

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