seba_mansillaLas demandas que consiguieron movilizar a la diversidad sexual en la última década del pasado milenio encontraron su punto álgido en la eliminación del inciso primero del artículo 365 del código penal, que regula la sodomía en Chile. Este artículo, sin más ni menos, condena las relaciones anales entre dos hombres como un delito, asignándole penas privativas de libertad como la cárcel.

Hoy por hoy, la discusión que conecta los temas de diversidad en un sentido amplio con los Derechos Humanos, se han concentrado en un petitorio que contiene puntos dignos de ser mencionados por su extrema relevancia, tales como la Ley de Identidad de Género, el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), el Matrimonio Igualitario. Por su parte, el delito de sodomía, parcialmente eliminado y reducido a un punto casi invisible dentro de nuestra legislación penal, ha dejado de ser el protagonista de la historia. A pesar de que, como muchos sepan, el ordenamiento jurídico chileno sigue condenando las relaciones sexuales anales entre un mayor y un menor de 18 anos, siempre que sean hombres. No entran dentro de la conducta descrita, por lo tanto, las relaciones entre hombres y mujeres, o entre mujeres, que tengan las mismas condiciones.

Cabe destacar que, si bien todas las luchas anteriormente mencionadas se relacionan directamente con el derecho, aquella disputa que podría configurarse como la más interesante es precisamente la que resulta de analizar el entramado, el fundamento que configura el delito de sodomía, puesto que a diferencia de lo que se piensa, no se trata solamente de una posición poco empática o irreflexiva de esto que podríamos denominar “la cuestión sexual”; de hecho, es solo uno de los múltiples esfuerzos del código de defender la moral como un bien que debe ser protegido por el derecho. En esa dirección, los estudiosos del derecho penal no han dudado en clasificar este delito como uno de los tantos “delitos contra la moral sexual”, siendo el sobredicho uno de los más conocidos junto al delito de ofensa contra la moral y las buenas costumbres, regulado en el artículo 373.

Son estos mismos académicos los que han explicado las diferencias entre estos delitos y otros de naturaleza sexual, como por ejemplo, la violación o el abuso sexual. No se trata de lo mismo: los bienes de relevancia jurídica que intentan defenderse son diferentes. En los recién mencionados, y otros como el estupro, la violación con homicidio y las conductas sexuales impropias con menores de 14 años, el derecho intenta proteger la libertad sexual de las personas. Esto es, que cada uno de nosotros pueda controlar libremente lo que hace con su cuerpo en términos sexuales, y que no puede recibir obligaciones o presiones de otro para actuar. Muy distinta es la condena a la sodomía, la producción de impresos ofensivos contra la moral y las buenas costumbres, y la realización de actos en el mismo sentido: a pesar de no existir una descripción explícita de lo que se sanciona con estos últimos delitos, lo que aquí el derecho intenta proteger, el elemento de relevancia o bien jurídico, es la moral sexual de la comunidad.

Lo que más interesante resulta de estos delitos sexuales, es que, por ejemplo, la producción de material pornográfico de niños y niñas de menos de 14 años, es un delito contra la libertad sexual de las personas, puesto que se presume legalmente que estos niños/as no tienen aún el control, una titularidad legítima sobre su cuerpo en términos sexuales; de lo contrario, la misma producción de material con niños y niñas mayores de 14 pero menores de 18, es una ofensa a la moral sexual, puesto que ya está garantizada la libertad del cuerpo por parte de los que participan, y pueden tomar libremente las decisiones que estimen pertinentes respecto a su cuerpo. Repito, lo que aquí se protege es la moral de la comunidad.

Poder retomar la posibilidad de discutir la despenalización total y absoluta del delito de sodomía es una puerta abierta a una reflexión que debiese hacerse relativa a cuestiones como la titularidad del cuerpo y la moral sexual. Esto implica redefinir el objetivo de un movimiento diverso, exigiéndole al derecho, desde una nueva matriz argumentativa, que deje de hacer justicia sobre consideraciones éticas y morales tan profundas pero tan dispares entre los estratos de nuestra sociedad. Estoy seguro que la eventual despenalización en Chile del delito de producción de material pornográfico entre personas de 14 y 18 años no dejara a nadie indiferente, pero la posibilidad de relativizar, de cuestionar los lineamientos de la moral imperante deben llevarnos a reflexionar acerca las directrices de una lucha que no termina en palabras como “homosexual” “lesbiana” o “trans”, sino que, a pesar de abarcarlos, también contiene una inextricable relación con conceptos como “incesto” “pedofilia” y la infaltable mención de la “titularidad del cuerpo” como un bastión para introducir nuevos temas en nuestras disputas jurídicas, y que hacen mención a nuestra visión de ciudadanía en términos amplios: sabemos que prácticas que rayan en la indignación por parte de algunos no son sólo exclusivas a las mal llamadas minorías.

El panorama político existente para articular estas disputas pareciese ser el correcto con una Nueva Mayoría que ha tomado un cariz bastante más progresista que lo que fue la Concertación; una serie de candidatos independientes, los cuales vienen de la política ciudadana y del movimiento social, y una facción de la derecha que deberá enfrentar los rigores de asumirse como liberal. A pesar de ello, la ciudadanía y su capacidad de movilización son los actores encaminados a orientar la forma en la cual enfrentamos los temas más trascendentales en aras a una conducción política que refleje nuestros intereses. La tarea que debe proponerse no es otra que tensar y expandir las consideraciones de “lo liberal” en el país, como un medio de develar que, más allá del delito de sodomía, se esconden nuevos pilares sobre los cuales se sustenta un país conservador.

Sebastián Mansilla Ulloa
Estudiante de Derecho U de Chile
Activista MUMS