Fuente: Seremi Salud Región de Biobio – 03/10/2025

Por primera vez en Chile

EN BIOBIO DIFUNDEN PRIMERA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD PARA PERSONAS TRANS Y DE GÉNERO DIVERSO

Tras siete años de lucha liderada por organizaciones sociales, el Ministerio de Salud lanzó la Política Nacional de Salud para Personas Trans y de Género Diverso. En la región del Biobío, la presentación se realizó en la Delegación Presidencial, en el marco de la celebración mundial de octubre como el mes internacional por la despatologización de las identidades trans, que es justamente lo que busca esta estrategia estatal.

“Esta es la primera política de salud trans que tiene Chile y sin duda es una mezcla de los esfuerzos de las organizaciones sociales que han empujado la necesidad de contar con aquello y la voluntad política del Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font, que se ha destacado por tener un sello de participación social, por hacer un sistema de salud más equitativo y tener un compromiso con las diversidades”, expresó la Seremi (s) de Salud de la región del Biobío, Javiera Ceballos Aedo.

“A través de esta Nueva Política Nacional buscamos garantizar una atención digna, inclusiva y sin discriminación en el sistema de salud. Para ello, se implementarán protocolos específicos, capacitación a equipos profesionales y acompañamiento psicosocial, de esta forma reduciremos brechas históricas y avanzaremos hacia un sistema más justo y equitativo”, agregó la principal autoridad sanitaria de la región.  

Este avance histórico incluye herramientas como regulación de derechos, atención afirmativa, competencias y formación al personal de salud, participación comunitaria y recolección de datos estadísticos y registrales con enfoque de género.

Nico Grandón,  Referente de Género y Diversidad del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente, explicó el impacto que tendrá la nueva política en la atención: “Esto va a ser un cambio significativo en la salud para el bienestar integral de la comunidad LGBTIQA+,  principalmente a la comunidad trans, con el fin de resguardar sus atenciones y prestaciones por parte del sector público de salud, como por ejemplo: los policlínicos trans, el acceso a las medicaciones y las terapias afirmativas de género”.

Uno de los aspectos a destacar es que la elaboración de la política incluyó un largo proceso participativo, con diálogos comunitarios, encuestas nacionales y consultas públicas.

Así lo señaló Raquel Oses, perteneciente a la organización “Todes ONG”, “Tras 7 años esta política pública se concretó como algo real, desde ahora en adelante todas las personas LGBTIQA+ podrán llegar a un hospital y se podrán sentir acogidos, porque sabrán que hay una lineamiento gubernamental que los resguarde, eso es muy importante para nuestra comunidad”.

Con esta política, Chile da un paso histórico hacia el reconocimiento y la protección de los derechos en salud de las personas trans y de género diverso. Se trata de un avance que no solo responde a una demanda de años, sino que también reafirma el compromiso del Estado con la equidad, la inclusión y el respeto de todas las identidades.

Un hito para la salud pública en Chile. Primera Política Nacional de Salud para Personas Trans y de Género Diverso.

Esta política entrega un marco orientador para fortalecer que quehacer de los equipos y servicios de salud, para asegurar una atención digna y de calidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de Derechos Humanos invitaron a distintas organizaciones sociales a un encuentro con la sociedad civil, realizado el pasado viernes 25 de julio, en preparación del Diálogo Constructivo de Chile ante el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. MUMS participó de este trabajo integrando la comisión sobre trabajo y seguridad social.

El encuentro con la sociedad civil es esencial para asegurar una evaluación integral, inclusiva y efectiva de la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) por parte del Estado de Chile. En ese sentido, el Comité, en sus observaciones finales, alienta al Estado a que, en el marco de estos exámenes, consulte a la sociedad civil.

Por este motivo, MUMS participó sumándose al grupo temático “Derecho al trabajo, la seguridad social y la sindicalización”, elaborando un informe alternativo junto con la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores en Domicilio – CONATRADO, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo – CODEPU y la Comisión Ètica Contra la Tortura – CECT, en el marco del quinto ciclo de evaluación del Estado de Chile ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR). Su propósito es contribuir críticamente al seguimiento del Pacto, articulando evidencia empírica, análisis normativo y experiencias organizativas desde una perspectiva interseccional, territorial y de justicia social.

La estructura del informe alternativo considera un enfoque interseccional, que comprende las luchas y experiencias de las organizaciones firmantes, logrando finalmente:

• Abordar la persistente informalidad laboral, la invisibilización del trabajo en domicilio —tanto en modalidad tercerizada como por cuenta propia.
• La exclusión estructural de trabajadoras costeras, orilleras y chinchorreras contemporáneas, sin reconocimiento legal ni protección social.
• La discriminación en el acceso a la Pensión Garantizada Universal (PGU) para personas beneficiarias de pensiones de reparación (Ley Valech), mediante escalonamientos etarios sin efecto retroactivo.
• El déficit de implementación del Sistema Nacional de Cuidados, que dificulta la exigibilidad de los derechos de las personas cuidadoras.
• Evidenciar la débil justiciabilidad de los DESC, marcada por escasa jurisprudencia, vacíos constitucionales y ausencia de mecanismos reparatorios.
• Enfocar la falta de reparación integral en zonas de sacrificio ambiental, donde el Estado ha incumplido compromisos sanitarios, ambientales y participativos
• Analizar y develar la discriminación estructural hacia personas LGBTIQ+, especialmente en salud pública, educación, derecho al trabajo y protección legal, a pesar de avances sociales y legislativos parciales
• La falta de consulta y vulneración de derechos territoriales indígenas, y la criminalización de defensores del medioambiente, especialmente mujeres y activistas urbanos y la falta de garantías de no repetición en zonas de sacrificio.
• Evidenciar la débil justiciabilidad de los DESC, marcada por escasa jurisprudencia, vacíos constitucionales y ausencia de mecanismos reparatorios.
• Enfocar la falta de reparación integral en zonas de sacrificio ambiental, donde el Estado ha incumplido compromisos sanitarios, ambientales y participativos
• La falta de consulta y vulneración de derechos territoriales indígenas, y la criminalización de defensores del medioambiente, especialmente mujeres y activistas urbanos y la falta de garantías de no repetición en zonas de sacrificio

Contexto: La Evaluación de Chile ante el Comité de la ONU

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio de la Resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, y que entró en vigor el 3 de enero de 1976.

Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pacto, mediante la Resolución 1985/17 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, se creó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“CESCR”, por sus siglas en inglés), órgano compuesto por 18 expertos/as independientes que supervisa la aplicación del Pacto por sus Estados Parte.

De conformidad con el Pacto, todos los Estados parte están obligados a presentar informes periódicos al Comité sobre la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales. El Comité examina cada informe y dirige sus preocupaciones y recomendaciones al Estado parte en forma de observaciones finales.

Chile ratificó el PIDESC en 1972. A la fecha, han tenido lugar cuatro ciclos completos de revisión ante el Comité, mediante la presentación de informes, el examen y la emisión de las recomendaciones finales. El último ciclo de Chile finalizó con las Observaciones Finales emitidas por el Comité de 19 de junio de 2015.

El operativo estadístico responde a la necesidad de información sobre este segmento de la población. Se podrá responder hasta septiembre en el portal web del INE, la participación es voluntaria, es autoaplicado y cuenta con medidas especiales para proteger la identidad de quienes la contesten.

En lo que marca un hito en la producción estadística del país, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) aplicará entre julio y septiembre de este año, por primera vez en su historia, una encuesta para generar estadísticas sobre las diversidades sexuales y de género, y así ayudar a cubrir las necesidades de información sobre la materia que han planteado la sociedad civil organizada, la academia, los servicios públicos y los organismos internacionales.

Se trata de la Encuesta Web Diversidades, un operativo estadístico autoaplicado, con participación voluntaria, que se responde en línea, el que estará disponible desde este viernes 11 de julio en el portal del INE, www.encuestadiversidades.cl, y en el cual podrán participar todas las personas mayores de 14 años que se sientan pertenecientes a las diversidades sexuales y de género, residentes en Chile.

Qué se preguntará

La encuesta permitirá obtener datos sobre las características sociodemográficas de las diversidades sexuales y de género en torno a ejes como familia, redes de apoyo, educación, trabajo y salud, entre otros.

Para ello, el cuestionario consta de 8 módulos, con secciones que, en algunos casos, contienen preguntas que solo pueden responder las personas mayores de 18 años y para las cuales se solicita consentimiento. Por lo mismo, dependiendo de lo anterior, hay un mínimo de 54 preguntas y un máximo de 87, las que se debieran poder responder entre 15 y 20 minutos.

Los 8 módulos mencionados cubren la caracterización personal, la identidad de género y orientación sexual, nivel educativo, situación ocupacional y trabajo sexual, la salud mental y autolesiones, la discriminación y violencia, participación y redes de apoyo, y una sección de comentarios finales, donde la persona podrá mencionar algún tema no cubierto en el cuestionario.

Cómo se construyó el cuestionario

Debido a que se trata de un tema innovador -que no había sido abordado por el INE- y a la sensibilidad de los temas abordados, la preparación de la encuesta y la construcción del cuestionario tomó en consideración las experiencias en la materia de otros países, y contó con la participación y apoyo de la academia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Minecon) y, especialmente, de la sociedad civil, con 38 organizaciones sociales de las diversidades sexuales y de género, de distintas partes del país.

Protección de la identidad y de los datos

Al igual que todas las mediciones que realiza el INE, la Encuesta Web Diversidades se rige por el Secreto Estadístico, es decir, cuenta con estrictos controles de divulgación de datos para garantizar que ninguna persona que participe pueda ser identificada según sus respuestas. Además, no se preguntará ni el nombre de la persona ni su dirección o su RUT.

La encuesta cumple, además, con la Ley 19.628 sobre protección de datos personales y los principios de la ISO 27001, respecto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Más información en www.encuestadiversidades.cl

Ver:

Presentación Encuesta Web Diversidades – 11 de julio de 2025

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – 11/07/2025