Frente al debate en torno a los proyectos de unión civil, es necesario tener en cuenta algunas consideraciones.

Me han comentado algunas personas que legislar sobre uniones civiles puede ser un primer paso para conseguir luego el matrimonio civil para parejas del mismo sexo, que así ha sucedido en otros países o ciudades, como es el caso de Buenos Aires. Que es difícil que en un país conservador como el nuestro exista matrimonio para parejas conformadas por lesbianas, gays, transexuales, transgéneros, intersexuales.

Precisamente en Buenos Aires, luego de algunos años con unión civil, los mismos activistas que la promovieron, hoy declaran que el matrimonio es la única forma de igualdad legal. Por otra parte, el proceso español, un país con fuertes raíces católicas, no pasó por unión civil para aprobar el matrimonio. La activista Beatriz Gimeno, en una visita a Chile hace algunos años, nos relató cómo los políticos de la época les ofrecieron a las organizaciones de diversidad sexual unión civil y ellos exigieron matrimonio, el que finalmente fue legalizado.

Hay quienes hemos declarado en reiteradas ocasiones que las leyes de uniones civiles son leyes de apartheid, que son leyes especiales para quienes la sociedad pretende mantener en marginalidad o en un estatus diferente. Los derechos civiles son derechos que se les dan a todos los ciudadanos por ley, entonces, cuando la diversidad sexual no accede a estos derechos es porque se piensa que somos ciudadanos de segunda categoría. No hay otra explicación.

Es interesante prestar atención a los discursos detrás de este debate. Cuando la derecha más conservadora sindica la posibilidad de unión civil para parejas homosexuales como una situación que «debilita la familia», me pregunto a qué familia se refieren. Naturalizar la familia es un error que puede deberse a la poca rigurosidad de la derecha para emitir juicios que sólo revelan su conservadurismo e incapacidad de mirar más allá de sus militancias religiosas. La familia, tal y como la conocemos, es un producto histórico, que responde, como todas las instituciones humanas, a circunstancias sociales y principalmente económicas. En segundo lugar, no todas las culturas se han organizado en este tipo de familia nuclear con padre, madre e hijos, así es que mal se puede hablar de institución universal e inherente a la naturaleza humana. Pero también cabe mencionar que esta familia defendida a ultranza por los sectores conservadores casi no existe. Es un error hablar de familia, en Chile existen familias, algunas conformadas por madres con sus hijos, o padres con sus hijos, o abuelos con sus nietos, o parejas homosexuales o grupos de amigos, en fin, hay una gran cantidad de tipos familiares que cumplen las funciones necesarias para el desarrollo de las personas. La familia de la publicidad neoliberal está en franca extinción si es que alguna vez ha existido.

Cuando se exige igualdad de derechos civiles no significa imponer un nuevo orden social, sino dotar de los mismos derechos a todos y todas las ciudadanas y ciudadanos; muchas lesbianas, gays, transexuales, transgénero e intersexuales constituyen actualmente parejas y familias, tienen hijos/as, trabajan, estudian, pagan impuestos, contribuyen a la sociedad, lo que exigimos es el reconocimiento legal, igualdad de derechos, no queremos leyes especiales.

Lo que se produce con los proyectos de unión civil no es sólo un debate legal, sino un debate político, que devela la resistencia de ciertos sectores a reconocer el multiculturalismo y las diversidades que componen nuestra sociedad. En ella todos y todas quienes la conformamos tenemos derechos. La ley de matrimonio civil para parejas conformadas por personas de la diversidad sexual es un derecho. No esperamos menos.

* Por Angelicx Valderrama, presidenta de MUMS / La Nación