La aprobación del matrimonio igualitario en Argentina no se puede considerar un logro que responde a que tal o cual diputado/a o senador/a haya votado a favor de la ley. Tampoco de un gobierno que ha apoyado esta causa. El matrimonio igualitario ha sido un esfuerzo de las organizaciones sociales que han trabajado este tema, de los activistas de los diversos grupos, colectivos y sectores sociales que han creído en que debemos construir cuerpos legales que reflejen el principio de dignidad que compartimos más allá de nuestra identidad de género, clase social, opción sexual, si pertenecemos a un pueblo originario o no, y tantas características que nos diferencian, pero que constituyen la multiculturalidad, valor que a propósito del bicentenario debería reconocerse y conocerse.

Muchos argumentos y reflexiones en la sesión en la cual se aprobó la ley devinieron de los encuentros, conversaciones y la participación en las redes de trabajo creadas para apoyar la ley, que sacaron comunicados, marcharon y obligaron a todos de alguna manera a pensar en temas que siempre han sido relegados a unos pocos. Se han unido diversos sectores, se han visibilizado posturas y se han creado compromisos, la Iglesia ha diferenciado sus planteamientos, ha puesto de manifiesto sus voces disidentes al discurso hegemónico; en Córdoba un grupo de sacerdotes católicos altermundistas hizo público su apoyo al matrimonio igualitario y ha hecho vocerías al respecto. También voces desde otras iglesias, como la luterana, lo han hecho. Habrá que ver en Chile cuáles son las voces disidentes.

Una ley de matrimonio igualitario no sólo “beneficia” a gays o lesbianas, sino a toda una sociedad que reconoce en la multiculturalidad un valor y hace los cambios que corresponden para igualar en derechos a todos y todas sus ciudadanos y ciudadanas.

Seguramente la ley de matrimonio, como muchas, no propiciará cambios radicales; viene más bien a regularizar desde el lugar de los derechos situaciones que se entienden como discriminatorias, que no sólo se refieren al patrimonio, sino a la filiación. Ahora, consignar en la legislación de un Estado de derecho este tipo de igualdad es un cambio simbólico que produce nuevos imaginarios y reconoce realidades que existen, como las familias diversas, el derecho de los y las niños y niñas a vivir en ambientes que reflejen la diversidad de familias, las diversidades de parejas, sin una connotación negativa y sin discriminación.

Algo que debemos tener en cuenta es que se ha querido instalar un discurso que establece una suerte de categorías sobre lo importante para nuestro país, como si estos temas no fueran relevantes. Cuando en un país se legisla sólo para la mayoría, la democracia se convierte en una dictadura de las mayorías. Somos todos/as minorías en algún sentido.

* Por Angelicx Valderrama, presidenta de MUMS / La Nación