Apenas estábamos despertando de esta suerte de carnaval criollo del bicentenario, o el “vilcentenario” como muchos de los activistas de derechos humanos lo hemos llamado, cuando una nueva estocada sacude nuestra intención de construir un Estado inclusivo, igualitario y que defienda los derechos de todos y de todas.

Esta semana se confirmó la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de nuestro país por discriminación por orientación sexual debido al caso de la jueza Karen Atala por la tuición de sus hijas.

Este hecho pone en evidencia la poca voluntad institucional de nuestro país -el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y, muy especialmente, el Poder Judicial- de querer avanzar en reconocer los derechos de lesbianas, gays, trans y otras identidades de la diversidad sexual. Hoy, vemos cómo Chile echa por la borda la posibilidad de dar pasos firmes hacia el reconocimiento de las personas de orientación sexual distinta y las parejas del mismo sexo.

Esta demanda se hubiera evitado si nuestro país, que intenta ser democrático, hubiera implementado algunas medidas básicas para respetar los derechos de quienes no son heterosexuales y hubiera defendido el derecho a la igualdad que todos y todas tienen. Sin embargo, se optó por la ceguera, por la no-acción, por dejar todo igual en lugar de continuar por la senda de la igualdad.

Ante todo este escenario, el desarrollo de la XII Marcha por la Diversidad Sexual este 25 de septiembre de 2010 se transformará en un gran escenario para manifestar el descontento y solicitar a nuestras autoridades el cumplimiento del reconocimiento pleno de una verdadera ciudadanía a la diversidad sexual.

¿Responderá nuestro Poder Ejecutivo como lo hizo ante la movilización ciudadana por el caso Punta de Choros? ¿Se cumplirán las promesas electorales que todos los sectores hicieron a la diversidad sexual? Está por verse. Por ahora, tenemos una demanda formal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Marcha por los Derechos de la Diversidad Sexual 2010.

* Por Gonzalo Cid, presidente de MUMS / La Nación