Es completamente inaceptable que para cobrar un cheque, solicitar un empleo o bien inscribirse en una institución de estudios, una persona trans (transexual, transgénero, travesti) tenga que dar explicaciones y, en muchos casos, ser objeto de burla o de comentarios vejatorios. La dignidad de las personas no puede esperar. En este contexto esta semana se están desarrollando diversas acciones enmarcadas en la campaña internacional Stop Trans Pathologization, cuyos objetivos principales son la retirada del trastorno de identidad de género de los catálogos de enfermedades y la lucha por los derechos sanitarios y jurídicos de las personas trans.
Hablamos de identidad de género al referirnos a la percepción interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. En el caso de las personas trans, no hay correspondencia entre uno y otro. Algunas pueden requerir modificación del cuerpo a través de hormonas, cirugías u otras acciones, con el fin de mejorar su calidad de vida. Otras pueden no necesitarlo.
En Chile para obtener el cambio de nombre y sexo en los documentos de identificación, la persona trans debe, salvo excepciones, haberse realizado todas las intervenciones médicas disponibles que acerquen su cuerpo al sexo impuesto como correspondiente a un determinado género. Además, para acceder a cualquiera de estas modificaciones, es necesario disponer de un “diagnóstico siquiátrico de trastorno de identidad sexual”.
Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales en 1990, las identidades trans permanecen como trastornos hasta hoy. Así, quien desee realizar cualquier intervención corporal o cambiar los datos en sus registros necesita la aprobación de un siquiatra que, generalmente, realiza su evaluación con base en cuanto esta persona se encuadra en los estereotipos de género impuestos a mujeres y hombres por el sistema heteronormativo. Es decir, ser tratado como “enfermito/a” o casi criminal.
La dignidad consiste en que una persona sea reconocida como un ente legítimo y autónomo, capaz de tomar decisiones propias en el ejercicio de su libertad. “El Estado no debe tener ninguna competencia sobre nuestros nombres, nuestros cuerpos y nuestras identidades”. En ese sentido, las personas trans buscan que se respete su capacidad de pensar por sí mismas y determinar lo que es mejor para sus vidas, sin que ninguna institución coarte su dignidad. ¿Por qué algo tan simple como la propia autodefinición o apariencia personal debe pasar por la aprobación de médicos y jueces? ¿Qué necesita Chile para incluir como ciudadanos y ciudadanas a las personas cuyos cuerpos difieren de su identidad de género?
Esperemos que no sea necesaria una nueva demanda contra el Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que seamos capaces de generar un país sin discriminación hacia todas las personas.
* Por Gonzalo Cid, Coordinador Político Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS) / La Nación