La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a tramitación un Recurso de Protección presentado el 28 de octubre por el activista homosexual Víctor Hugo Robles -conocido también como el “Che” de los gays- en contra del cardenal Errázuriz. La inédita acción legal busca que el Arzobispado de Santiago lo excluya de todos los registros eclesiásticos, denominado acto de “apostasía”, renunciando de esta manera al bautismo y a la fe católica que Robles -asegura- ya no profesa ni lo representa, aún cuando está bautizado y confirmado. La presentación estuvo a cargo del abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román.

“…abandono la iglesia católica puesto que ella condena el amor, el afecto y las prácticas sexuales que yo asumo y valoro, aún más, lo hago porque siento que ella se ha convertido en una institución castigadora, abusiva y desprestigiada en su ejercicio ético, particularmente, en lo relativo a ciertos abusos protagonizados por algunas autoridades eclesiales, hecho esto último, que me violenta profundamente y no hace sino consolidar mi decisión de abandonar aquella”, señala el recurso de Robles.

Los tres magistrados que aprobaron la admisibilidad del libelo en voto dividido fueron Soledad Melo, María Rosa Kittsteiner y el abogado integrante Ángel Cruchaga. Estos últimos ordenaron que la máxima autoridad de la Iglesia Católica, explique a la instancia judicial -a través de un informe- por qué no ha resuelto la solicitud que formuló Robles en septiembre pasado, incumpliendo el plazo de 15 días para ello, en circunstancias que le asiste el derecho constitucional a renunciar a cualquier credo. De esta manera, el recurso busca proteger la garantías constitucionales que otorga la Carta Fundamental al derecho de conciencia y a la libertad de culto.

Mediante esta acción judicial, organizaciones de la diversidad sexual en Chile, inician una campaña nacional de apostasía y de renuncia a la fe católica, exigiendo al Arzobispo de Santiago respuesta afirmativa a las solicitudes de abandono, desafección y/o apostasía, rechazando así las ilegítimas intervenciones de la Iglesia Católica en materias civiles, sexuales y reproductivas, impidiendo la implementación de políticas públicas que respeten y valoren el ejercicio de una ciudadanía plena.