M., de 50 años, durante dos décadas había golpeado una y otra vez puertas para obtener lo que tanto ansiaba: una operación para reasignarle su sexo, porque había nacido hombre, pero se sentía mujer. Tras varios intentos fallidos decidió hacer una petición formal a un hospital el año pasado, pero luego de enviar tres cartas al director de la institución pidiendo una cirugía, le contestaron negativamente, pues se consideró que no era una prestación prioritaria.

M. se acogió a una mediación ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), alternativa que está vigente por ley desde 2005. Si una persona quiere reclamar por un supuesto daño provocado por una atención de salud, antes de llegar a tribunales necesariamente debe someterse a este proceso. Así, el CDE reúne a las partes —en este caso, al hospital que denegó una atención y a la persona que desea operarse— para llegar a un acuerdo.

Entre 2008 y 2010, el organismo ha tramitado cuatro casos donde transexuales piden una operación ante un centro de salud. En tres de ellos han llegado a una solución en favor de los usuarios.

El caso más reciente data del año pasado: el hospital (que se pidió no identificar en este reportaje) someterá a M. a una “cirugía de reconstrucción genital” en forma gratuita. La intervención es de alto precio y compleja, puede llegar a tener un costo promedio de cuatro millones de pesos en forma particular.

El coordinador del Grupo de Apoyo a Hombres Trans, Lukas Berredo, relata que “ella buscó ayuda y nosotros la apoyamos como agrupación. La única forma de solución, creímos, era presentar un recurso de protección, pero es un proceso largo y muchas veces sin resultados. Entonces supimos de la instancia de mediación”.

¿Cuál fue el argumento para que el Estado accediera a entregar una atención gratuita que es imposible de conseguir en muchos otros casos?

El abogado y académico de la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile, Marcelo Oyaharçabal —quien apoyó en el proceso—, explicó que “se planteó que estas personas tienen derecho a la atención de salud, a la dignidad y a la igualdad ante la ley. Ello implica que no se les discrimine en forma arbitraria”. Añadió que “creemos que debería incluirse el derecho a esta operación en los hospitales públicos. Debe existir la posibilidad de que si alguien tiene un cuerpo que no coincide con su identidad de género, pueda tener una solución”.

Solución llegó en dos sesiones

Lejos de lo que se podría pensar, el acuerdo para M. y las otras dos personas que ya fueron atendidas se produjo tras sólo dos sesiones en el Consejo. Pedro Barría, jefe de mediación del CDE, explicó que “son situaciones tan dramáticas que involucran aspectos tan íntimos de las personas, que el lugar adecuado para tratarlo no es un tribunal de justicia, pues cualquier persona se puede enterar de hechos que se quieren mantener en reserva. La mediación es un espacio de confidencialidad: si ésta no existiera, la gente no vendría”.

María Elena Piñeiro fue la abogada del CDE que medió en uno de los procesos. “Es uno de los casos más sensibles que me ha tocado ver. Pude apreciar que era una persona muy vulnerable, que estaba siendo discriminada constantemente en todos los ámbitos: en el trabajo, en lo social y en los servicios públicos de asistencia médica. Es primera vez que me veo enfrentada a una situación así, pues se trata de personas que tienen trastocada su vida en forma absoluta. La soledad que tienen es enorme y es de primera necesidad poder someterse a una operación”.

¿Cuál fue la actitud del hospital en el proceso? La mediadora sostuvo que “había empatía por la situación y el profesional que vino tenía conocimiento del tema. Con la decisión que tomó este establecimiento, finalmente le dieron la oportunidad de vivir a esta mujer”.

Lukas Berredo agrega que cuenta que estas personas también deben someterse a una terapia de medicamentos y muchas veces a varias intervenciones para lograr tener características físicas femeninas o bien masculinas. Destaca que esto va aparejado del cambio del nombre en el Registro Civil: “Este proceso tiene trabas. Queremos que por ley se reconozca el derecho de cambiar el nombre cuando hay una incongruencia entre el sexo y su identidad de género”, dijo.

* Por Oriana Fernández G., La Segunda.