Por Gonzalo Cid y Leonardo Fernández y, Movimiento por la Diversidad Sexual, MUMS / Columna escrita para el Observatorio de Género y Equidad, Boletín Septiembre

La escasa o casi nula representatividad de los partidos políticos, de ciertas instituciones de elección popular y de la autodenominada “Clase Política”, es parte de esta crisis del sistema.

Con optimismo y alegría vemos como los movimientos sociales que demandan una educación de calidad, pública y gratuita, han permitido visibilizar otros elementos de nuestra institucionalidad, que han comenzado a ser cuestionados. La escasa o casi nula representatividad de los partidos políticos, de ciertas instituciones de elección popular y de la autodenominada “Clase Política”, es parte de esta crisis del sistema. El Movimiento por la Diversidad Sexual, como parte activa en el cuestionamiento al orden normativo institucional, se hace parte en estas demandas, considerando que ésta es una oportunidad inmejorable para avanzar en un proceso de democratización de nuestra sociedad.

MUMS piensa que, una nueva Constitución debe regirse por ciertos principios ordenadores que por una parte garanticen la plena participación ciudadana, en todas las materia de interés público, y por otro lado reconozcan a las organizaciones intermedias, como los catalizadores del interés común organizado y como tal pase a ser uno más de los deberes del Estado su promoción y sustento. Entendemos así a las organizaciones sociales como un bien público y necesarios para poder tener una democracia real en el país.

Una Asamblea Constituyente, con participación activa de  las organizaciones sociales, gremiales, políticas, regionales, indígenas y militares, elegidas popularmente, habrá de tomar la tarea de discutir los nuevos principios mediante los cuales deberá emerger una nueva sociedad, plural, igualitaria, diversa, democrática, multicultural y multiétnica.

No basta con tener principios de libertad e igualdad expresados en la Carta Fundamental,  es necesario, que las instituciones garanticen estos principios, pensamos en una sociedad en que esas libertades individuales, permitan la necesaria articulación colectiva que construya una sociedad democrática y participativa. La libertad individual ha sido sistemáticamente restringida mediante sistemas de categorías rígidos, que han sido usadas en función de la estigmatización y la represión, creemos que las diferencias entre los seres humanos son un valor y la igualdad de derechos un principio guiador.

No es posible continuar con la lógica de nuestro Estado, en que la diferencia es un criterio de desigualdad, por tanto de exclusión y de represión. Nosotros proponemos un criterio de diferenciación, de respeto a lo distinto como criterio de inclusión y por tanto como una profundización de la democracia. En este contexto, cobran relevancia categorías como sexo, género, orientación e identidad sexual, las cuales han sido negadas e invisibilizadas o bien restringidas en concepciones arcaicas basadas a partir de conceptos conservadores de familia tomado desde lógica religiosa.

Creemos que un Estado debe ser un instrumento de libertad y no del control de los cuerpos y la vigilancia de los individuos. La sexualidad, como materia de interés público, ha de ser incorporada como espacio de autonomía y libertad, pues es parte fundamental de la felicidad humana. El Estado ha de prescindir de toda relación con principios religiosos de cualquier orden, esta es garantía para un estado laico.

Toda legislación complementaria a la Constitución, leyes civiles o criminales, códigos, reglamentos u ordenanzas que no se adecuen han de ser modificadas, por el solo efecto de la nueva Constitución.