Chile vive una grave y profunda crisis política que está afectando a nuestras comunidades. La instalación forzada desde hace más de 40 años, del modelo de desarrollo neoliberal iniciado en la dictadura, y perpetuado por los gobiernos de la Concertación y la Alianza, produjo la apertura de los mercados, la inversión privada de las multinacionales, el control y la depredación de nuestros recursos naturales, a través del lobby y la especulación financiera, quedando en manos de un reducido grupo, el destino del territorio nacional, despojándonos de toda soberanía. Esas malas prácticas hoy han llegado a su punto más alto y visible en los casos PENTA, CAVAL y SOQUIMICH.
Nos cansamos de la política mandatada por los intereses del poder económico, donde se pone el beneficio particular por sobre el bien común. La política es el asunto de todos y una democracia saludable debe contener no sólo mecanismos de representación, sino además de participación vinculante. El sistema económico, social y político, se encuentra en una profunda crisis que ha llevado a las comunidades a movilizarse, cuestionando las bases fundamentales del ordenamiento político y económico que se nos impuso en 1980 y que en lo fundamental se ha mantenido hasta nuestros días. Chile vive momentos de gran trascendencia histórica que desde hace más de 5 años se ha expresado en masivas movilizaciones como el levantamiento por el conflicto del gas en la región de Magallanes, las multitudinarias marchas para detener Hidroaysen y el proyecto carbonífero de Isla Riesco, la defensa del derecho a la diversidad sexual y cultural, la movilización contra la violencia a las mujeres y el femicidio, la demanda por la renacionalización del Cobre, la indignación por la deficiente reconstrucción, la gran estafa de las empresas de retail a los consumidores, la lucha por la tierra y la autodeterminación del pueblo mapuche, la permanente demanda por verdad y justicia, el movimiento por la justa distribución de los recursos generados por el Cobre en Calama, la defensa por la recuperación del agua y las semillas, la imponente defensa de la educación pública, gratuita, laica y de calidad y cientos de conflictos ciudadanos contra inmobiliarias, generadoras eléctricas o mineras que se han expresado en Alto Maipo o Caimanes, por nombrar los más recientes
Ante este panorama, queda claramente de manifiesto que la institucionalidad política y económica del país fue diseñada y opera efectivamente como un mecanismo para burlar la voluntad de las grandes mayorías nacionales a través de la Constitución de 1980. Es urgente la democratización de la institucionalidad, a través de la descentralización política y administrativa, referendum revocatorio, disolución del Tribunal Constitucional, renuncia de parlamentarios involucrados en casos de corrupción, la incorporación del voto programático y la iniciativa popular de ley.
Es el actual esquema el que ha posibilitado que las autoridades se autonomicen crecientemente de la ciudadanía a la cual se deben y que en términos generales, y más allá de algunas honrosas excepciones, se haya dedicado a gestionar los asuntos públicos en abierta colusión con los grandes poderes económicos. Es esa la explicación última del abuso, la desigualdad y la depredación de nuestro patrimonio natural y cultural, y la conculcación de nuestros derechos soberanos, lacras que se han soportado ya demasiado tiempo.
Es imprescindible cambiar el modelo de país. Una verdadera democracia sólo es posible con el cambio de la Constitución Política y el llamado a elegir una Asamblea Constituyente para redactarla.
La forma de comenzar el cambio de la institucionalidad antidemocrática que impera bajo el alero de la Constitución de la dictadura, es hacer que la voz de la mayoría de los chilenos se exprese, decida y proponga soluciones a los principales conflictos hoy existentes en nuestro país. Para ello el Plebiscito es una herramienta, que el pueblo de Chile utilizó en 1988 para terminar con la dictadura militar, y que se usa normalmente en muchos países del mundo, pero que a las chilenas y a los chilenos nos ha sido negada.
En definitiva, queremos que la ciudadanía decida.
Las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado a sumarnos a la convocatoria hecha por organizaciones, ciudadanos y algunos parlamentarios y participar activa y masivamente en la manifestación del LUNES 23 DE MARZO de 2015, a las 18:30 horas en la PLAZA (NUEVA) CONSTITUCIÓN de Santiago.
Junto a ello, hacemos una llamado a realizar manifestaciones contra las instituciones que están agravando la crisis que vive Chile, siendo el caso más claro en este momento el Tribunal Constitucional.
Invitan a adherir a este llamado:
Acción Ecológica
Articulación Feminista por la Libertad de Decidir
Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales
Comité de Defensa de Matta Sur, Barrio Valioso
Confusam, Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada
MUMS, Movimiento por la Diversidad Sexual
Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay