MAGISTERIO LGTBI, “DESMUNICIPALIZACIÓN UNA NECESIDAD URGENTE”

Antonia es una profesora lesbiana de 30 años. Actualmente trabaja para una corporación municipal de educación del norte de Chile. Anteriormente lo hizo en un colegio de inspiración religiosa  particular subvencionado donde tarde o temprano su sexualidad fue motivo para ser despedida al final del año escolar.

Hasta el momento en su presente empleo en un Liceo Municipal, se había sentido cómoda sabiendo que ya no depende de la voluntad de un jefe lesbofóbico. Además, se llevaba bien con la directora que expresa públicamente su simpatía por la diversidad sexual. No le importaba que el alcalde de la comuna fuera un ferviente militante UDI. De todas maneras, nunca lo veía. Las cosas iban tan bien que decidió implementar un proyecto para estudiar escritoras lésbicas en cuarto medio. Pero, este último viernes tuvo que entrevistarse con la directora. Tú sabes que yo no tengo problemas con ustedes, dijo la directora con un dejo de piedad. Pero el alcalde me llamó y dijo que han llegado rumores al municipio. Quizás sería conveniente no hablar tanto de ciertos temas.

Antonia está decepcionada. Siente que en ningún lugar del sistema educacional hay espacio para ella y para los aportes que pueda hacer desde su diferencia. Antonia se debate entre cuidar su fuente de trabajo y sus ganas de promover en sus estudiantes un sentido crítico y elementos que sirvan para su desarrollo integral. Se pregunta por qué, si está trabajando financiada por el Estado, no es el Estado quien la protege. Al contrario, está bajo el ojo de un alcalde que se siente dueño de las escuelas de la comuna. Antonia se entristece al pensar que como ella hay otras lesbianas entre sus estudiantes, entre las profesoras, asistentas de la educación y las apoderadas que no tienen cabida en ninguna parte.

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La historia de Antonia podría ser la de miles de profesores y profesoras lesbianas, gays o trans de nuestro país. El miedo, la frustración y el desencanto son parte de nuestra vida cuando la responsabilidad del Estado con la educación de su pueblo está diluida en la falsa idea de que el mercado regula todos nuestros problemas.

Somos nosotres, quienes bajo el modelo actual educativo vemos mermado nuestro derecho al trabajo y nuestro derecho a desarrollarnos plenamente en el ejercicio de nuestra profesión. La misma lógica abusiva se da en el terreno de la educación municipalizada. Como diversidad sexual, nos vemos especialmente afectades por este sistema de administración. Los proyectos educativos se ven coartados por los ciclos políticos de cada comuna.

El profesor gay que tiene la fortuna de trabajar para una municipalidad democrática, no correrá la misma suerte si por cualquier motivo debe trabajar en la comuna vecina donde gobierna un pastor evangélico. La profesora lesbiana que vive en una comuna pequeña con pocos funcionarios municipales, no contará con el mismo apoyo técnico y pedagógico que reciben las que viven en una comuna grande de la región metropolitana que quisieron implementar conversatorios sobre género en sus colegios.

El proyecto de desmunicipalización actualmente en trámite no es con el que soñamos las organizaciones sociales y particularmente, las y los profesores pues no devuelve la responsabilidad plena de la educación al Estado. Lograr aquello, requiere de un cambio de Constitución que deje atrás el profundo neoliberalismo en el que se basa. Sin embargo, cumple con la prioridad de alejar el poder omnímodo de los alcaldes sobre la educación en sus comunas.

El actual proyecto de desmunicipalización en trámite tiene, claro está, varios elementos que debemos mejorar incidiendo activamente desde el movimiento social. Sin embargo, establece elementos democratizadores en lo administrativo y en lo político.

En primer lugar, el Ministerio de Educación tomará grados importantes de responsabilidad actuando desde la Dirección de Educación Pública en los niveles parvularios, básicos y medios. El o la presidenta nombrarán directamente a quien encabece esta Dirección. A su vez, dicho organismo contará con 68 Servicios Locales de Educación a lo largo de todo el país y cada uno de ellos estará fuertemente influenciado por las organizaciones territoriales de las comunas que abarquen. Esta influencia estará expresada en Consejos Locales constituidos por representantes de estudiantes, profesores, apoderados, asistentes de la educación, universidades que existan en el territorio, representantes del gobierno regional y alcaldes (en igualdad de condiciones).

Estos Consejos Locales serán conducidos por un Director Ejecutivo quien al momento de postular al cargo deberá presentar un proyecto de convenio de gestión y cumplir con un perfil consensuado por el Consejo Local. En última instancia los Consejos Locales podrán también solicitar la remoción de aquellos directores ejecutivos que no satisfagan las necesidades de las comunidades educativas bajo su administración.

Como se puede apreciar, la nueva institucionalidad desplegada en este proyecto de desmunicipalización nos entrega como personas LGTB, un marco legal donde podemos contar con la protección de una colectividad mayor y más democrática. Como organizaciones de la diversidad sexual nos entrega una posibilidad más cierta de incidir en políticas públicas y proyectos educativos interpelando directamente al Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación y sus organismos asesores, en vez de desgastarnos en discutir infinitamente con una u otra municipalidad para defender nuestros derechos. Una respuesta a la demanda por una Educación No Sexista en tanto, difícilmente podrá ser implementada desde municipalidades con intereses y visiones distintas, muchas de ellas de corte abiertamente homo lesbo trans fóbico.   En este sentido y a nivel territorial, estamos llamados a trabajar más estrechamente con las organizaciones sociales relacionadas con la educación. En otras palabras, el presente proyecto nos desafía a recomponer tejido social.

Desde una mirada más pedagógica, los proyectos educativos ya no dependerán de los alcaldes de turno o no quedarán truncos una vez concluidos sus mandatos. Por último y no menos importante, los, les y las profesoras quedaremos en un mejor pie en tanto trabajadores para luchar por nuestras reivindicaciones, toda vez que seremos empleados de una repartición dependiente del Ministerio de Educación: Seremos funcionarios públicos.

Por estos antecedentes y con una perspectiva histórica de lucha del magisterio y los movimientos sociales LGTB, es que apoyamos este proyecto de ley y declaramos la necesidad de seguir luchando por la profundización de la democracia a través de una Nueva Constitución donde los anhelos y la dignidad de todos los chilenos y particularmente de las personas LGTB estén reflejados y protegidos.

SI A LA DESMUNICIPALIZACIÓN!

Carlos Pérez Aguirre

Equipo de Educación MUMS

Director Escuela Popular MUMS,  Angela Davis.

Presidente Colegio de Profesores Comunal San Miguel