El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de Derechos Humanos invitaron a distintas organizaciones sociales a un encuentro con la sociedad civil, realizado el pasado viernes 25 de julio, en preparación del Diálogo Constructivo de Chile ante el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. MUMS participó de este trabajo integrando la comisión sobre trabajo y seguridad social.
El encuentro con la sociedad civil es esencial para asegurar una evaluación integral, inclusiva y efectiva de la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) por parte del Estado de Chile. En ese sentido, el Comité, en sus observaciones finales, alienta al Estado a que, en el marco de estos exámenes, consulte a la sociedad civil.
Por este motivo, MUMS participó sumándose al grupo temático “Derecho al trabajo, la seguridad social y la sindicalización”, elaborando un informe alternativo junto con la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores en Domicilio – CONATRADO, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo – CODEPU y la Comisión Ètica Contra la Tortura – CECT, en el marco del quinto ciclo de evaluación del Estado de Chile ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR). Su propósito es contribuir críticamente al seguimiento del Pacto, articulando evidencia empírica, análisis normativo y experiencias organizativas desde una perspectiva interseccional, territorial y de justicia social.
La estructura del informe alternativo considera un enfoque interseccional, que comprende las luchas y experiencias de las organizaciones firmantes, logrando finalmente:
- Abordar la persistente informalidad laboral, la invisibilización del trabajo en domicilio —tanto en modalidad tercerizada como por cuenta propia.
- La exclusión estructural de trabajadoras costeras, orilleras y chinchorreras contemporáneas, sin reconocimiento legal ni protección social.
- La discriminación en el acceso a la Pensión Garantizada Universal (PGU) para personas beneficiarias de pensiones de reparación (Ley Valech), mediante escalonamientos etarios sin efecto retroactivo.
- El déficit de implementación del Sistema Nacional de Cuidados, que dificulta la exigibilidad de los derechos de las personas cuidadoras.
- Evidenciar la débil justiciabilidad de los DESC, marcada por escasa jurisprudencia, vacíos constitucionales y ausencia de mecanismos reparatorios.
- Enfocar la falta de reparación integral en zonas de sacrificio ambiental, donde el Estado ha incumplido compromisos sanitarios, ambientales y participativos
- Analizar y develar la discriminación estructural hacia personas LGBTIQ+, especialmente en salud pública, educación, derecho al trabajo y protección legal, a pesar de avances sociales y legislativos parciales
- La falta de consulta y vulneración de derechos territoriales indígenas, y la criminalización de defensores del medioambiente, especialmente mujeres y activistas urbanos y la falta de garantías de no repetición en zonas de sacrificio.
- Evidenciar la débil justiciabilidad de los DESC, marcada por escasa jurisprudencia, vacíos constitucionales y ausencia de mecanismos reparatorios.
- Enfocar la falta de reparación integral en zonas de sacrificio ambiental, donde el Estado ha incumplido compromisos sanitarios, ambientales y participativos
- La falta de consulta y vulneración de derechos territoriales indígenas, y la criminalización de defensores del medioambiente, especialmente mujeres y activistas urbanos y la falta de garantías de no repetición en zonas de sacrificio
Contexto: La Evaluación de Chile ante el Comité de la ONU
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio de la Resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, y que entró en vigor el 3 de enero de 1976.
Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pacto, mediante la Resolución 1985/17 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, se creó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“CESCR”, por sus siglas en inglés), órgano compuesto por 18 expertos/as independientes que supervisa la aplicación del Pacto por sus Estados Parte.
De conformidad con el Pacto, todos los Estados parte están obligados a presentar informes periódicos al Comité sobre la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales. El Comité examina cada informe y dirige sus preocupaciones y recomendaciones al Estado parte en forma de observaciones finales.
Chile ratificó el PIDESC en 1972. A la fecha, han tenido lugar cuatro ciclos completos de revisión ante el Comité, mediante la presentación de informes, el examen y la emisión de las recomendaciones finales. El último ciclo de Chile finalizó con las Observaciones Finales emitidas por el Comité de 19 de junio de 2015.