Decenas de agrupaciones sociales y de memoria advierten sobre los peligros del nuevo proyecto de ley, alertando que elimina la facultad de querellarse, reduce la representación de la sociedad civil e impacta severamente el trabajo regional.
Sin consulta previa a las organizaciones que históricamente han defendido los Derechos Humanos en el país, el proyecto de ley que busca reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha levantado las alarmas en la sociedad civil. Mediante una carta pública dirigida al Presidente de la República y al Congreso Nacional, las organizaciones inscritas en el Registro del INDH exigieron el retiro o sustitución inmediata de la iniciativa ingresada por el Ejecutivo.
El diagnóstico de las entidades firmantes es categórico: el proyecto no fortalece al Instituto, sino que lo debilita. La propuesta suprime la facultad de interponer querellas criminales —herramienta clave para acompañar a las víctimas frente a abusos del Estado— y modifica la integración del Consejo, trasladando el control de las designaciones al Ejecutivo y al Senado y quitando a la sociedad civil la potestad de elegir directamente a sus representantes.
La preocupación se extiende de igual forma a los territorios. Según advierten las agrupaciones basándose en el propio Informe Financiero del proyecto, se proyecta una reducción del 50% en la dotación regional de personal y la pérdida del 70% de los abogados de la unidad de protección, dejando a las sedes regionales sin capacidad operativa suficiente para recibir denuncias y acompañar casos locales.
«La defensa de los Derechos Humanos no puede depender de centralizar la atención en Santiago ni quedar subordinada a criterios de ahorro fiscal», señalaron las organizaciones en la misiva. Por ello, instaron al Ejecutivo a retirar el texto actual y solicitaron al Congreso convocar a audiencias públicas con agrupaciones de víctimas y defensores antes de adoptar cualquier decisión legislativa.